Muddy Waters – La lucha de las lideresas rurales de El Salvador por el acceso al agua potable
Según Naciones Unidas más de 600.000 personas no tienen acceso al agua en El Salvador, y un 99% de éstas viven en poblaciones rurales. Estas cifras arrojan la segunda mayor crisis hídrica de todo el continente americano, solo por detrás de Haití.
Tras más de 15 años de luchas comunales por una ley que regule el uso del agua en el país, el pasado 21 de diciembre del 2021, el Gobierno de Nayib Bukele aprobó la Ley General de Recursos Hídricos. Una legislación que, en contra de las peticiones de comunidades rurales, activistas y de organismos internacionales, considera el agua como un bien de mercado, favoreciendo el uso comercial de la misma. Esta situación dificulta la gestión por parte de las comunidades organizadas para su reparto y consumo, complicando el acceso de la población más vulnerable a un derecho humano básico, como es el acceso a agua potable y de calidad.
Muddy Water es un trabajo de Solidaridad Internacional País Valenciano, en colaboración con las asociaciones salvadoreñas Pro Vida y (ASPS), y financiado por la Generalitat Valenciana, que retrata la labor de diversas lideresas rurales de las áreas de Morazán y Chalatenango. Mujeres que han hecho frente a la falta de apoyos por parte de las instituciones públicas del país, empoderándose y formándose de manera autodidacta en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas. Todo esto, además, enfrentando una realidad machista imperante en la sociedad salvadoreña, en la que aún se mira con recelo que mujeres puedan tener puestos de responsabilidad en gestiones comunitarias.
Una lucha cuya visibilidad es hoy más importante que nunca, con un Estado de Excepción vigente desde el mes de mayo de 2022, y que hasta enero de 2023 ha enviado a prisión a más de 65.000 personas; una situación que ha sido denunciada de manera unánime por organismos internacionales y organizaciones humanitarias como Human Rights Watch o Cristosal. Se atribuye al Estado salvadoreño detenciones «arbitrarias masivas», torturas y muertes bajo custodia estatal, así como un hacinamiento extremo de los presos, incluidos menores, en los centros de detención. Una persecución, amparada en la lucha contra las pandillas, y que se está utilizando para perseguir a numerosas lideresas de todos los ámbitos, contrarias al régimen del presidente Bukele.
